Cáritas Diocesana de Granada, 22 de marzo de 2022
Cáritas Diocesana ha presentado en Granada el informe sobre “Exclusión y desarrollo social en Andalucía. Resultados de la encuesta sobre integración y necesidades sociales 2021” de la Fundación FOESSA.
Más de dos millones de personas en exclusión
Raúl Flores, Secretario técnico de la Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (FOESSA) y Coordinador de Estudios de Cáritas Española, quien ha sido el encargado de exponer los principales contenidos y conclusiones del documento, retrata las graves consecuencias de esta crisis como un “tsunami que se ha llevado por delante a un buen número de hogares que disfrutaban de una posición privilegiada de integración plena”, donde solo el 42% de los hogares andaluces participan con normalidad en la sociedad frente al 49,3% que lo hacía en 2018.
Desde entonces, según la investigación, la exclusión en Andalucía ha aumentado más de un 36%, lo que implica que, en 2021, algo más de 2,2 millones de personas (el 26,3% de la población andaluza) se encuentran en situación de exclusión social. De ellas, la mitad, 1,1 millones de personas, se encuentra en una situación de exclusión severa; y de estas, casi 475 mil personas están en una situación aún más crítica, es la denominada sociedad expulsada.
El informe revela, además, que la desigualdad y los niveles de pobreza monetaria son altos y persistentes para muchas familias en Andalucía, algo que determina no solo la exclusión, sino que además es fruto de la cronificación de la misma.
Brechas de exclusión
Una de las huellas más significativas de la pandemia ha sido la brecha digital, que afecta a 3 de cada 10 hogares andaluces y a casi la mitad de los hogares en situación de exclusión. La falta de conocimiento y medios tecnológicos ha generado una brecha que afecta a casi la mitad de los hogares que están en situación de exclusión. “Un apagón digital que conlleva pérdida de oportunidades laborales, formativas, de relaciones o de acceso a derechos como ayudas y prestaciones sociales y que nuevamente afecta a quien más necesita de esas oportunidades”.
El Informe realizado por la Fundación FOESSA constata, además, que la brecha causada por la circunstancia de género, la de nacionalidad extranjera y la de edad, aunque en menor medida, se han hecho más profundas desde el inicio de la crisis. Así, la desventaja acumulada por razón de género permanece. La exclusión afecta al 37% de los hogares cuya persona sustentadora principal es una mujer, frente al 22% donde esa figura es un hombre.
Por otro lado, ser extranjero en Andalucía sigue suponiendo una causa que afecta significativamente a la situación de exclusión. El 72% de los hogares encabezados por una persona de origen extranjero se encuentran en situación de exclusión, lo que supone un porcentaje tres veces mayor que entre los hogares encabezados por alguien de nacionalidad española. Ello dibuja una nueva grieta en una sociedad fracturada.
La edad configura la tercera brecha asentada en nuestra sociedad. Uno de cada cuatro jóvenes menores de 30 años está afectado por procesos de exclusión social que les impide dibujar proyectos de vida para transicionar a la vida adulta. “Tenemos una juventud sin empleo o en empleos temporales y precarios y, por tanto, sin posibilidades de emancipación ni de sustentar una vida independiente o a una familia”.
Otro colectivo que acumula mayores factores de vulnerabilidad es el de las familias con hijos, con una prevalencia de exclusión social mayor frente a las familias sin hijos.
Empleo, salud y vivienda, principales factores de exclusión
El estudio revela que la consecuencia más visible de esta crisis se ha concentrado en la actividad económica y en el empleo, alcanzando a un mercado de trabajo con importantes tensiones que han derivado en la destrucción de empleo y la paralización de dinámicas laborales.
Se ha producido un empeoramiento de las condiciones de trabajo que genera más trabajadores pobres y menos realizados personal y socialmente. La precariedad ha crecido con fuerza y alcanza a casi 320.000 hogares (9,8%) que dependen económicamente de una persona que sufre inestabilidad laboral grave.
Además, se han agravado las causas que dificultan el acceso al derecho al trabajo a una parte de las personas desempleadas, lo que genera una peligrosa tendencia a la cronificación de la situación de desempleo.
Durante la crisis, “más de 200 mil familias tienen como sustentador principal a una persona desempleada de larga duración, más de 500 mil familias tienen a todos sus miembros activos en paro y casi 200 mil familias carecen de algún tipo de ingreso periódico, predecible, que permita una mínima estabilidad”.
Jóvenes, adultos entre 45 a 65 años, personas de origen inmigrante y personas en situación de exclusión social son las más perjudicadas por este sistema laboral, que solo les permite el acceso a empleos en sectores no cualificados, en empleos temporales y precarios, con mayor exposición a la enfermedad durante la pandemia y con mayor proporción de despidos.
Además del empleo, la vivienda y la salud son otros grandes motores de la exclusión en Andalucía. En cuanto a la salud, más de 475 mil hogares (14,7%) sufren falta de acceso a medicamentos o tratamientos por problemas económicos.
En relación a la vivienda, el informe revela que la combinación entre altos precios y bajos o inestables ingresos hacen que algo más de 400 mil familias (12,4%), una vez realizado el pago del alquiler o la hipoteca, queden en situación de pobreza severa.
Ante este escenario, las familias han tenido que desplegar las estrategias necesarias para no verse arrastradas por la crisis. Tres han sido las más repetidas:
– Acudir a ahorros propios.
– Buscar o pedir dinero u otros recursos a familiares o amigos.
– La reducción de gastos habituales, sobre todo en alimentación, ropa o calzado.
Retos y propuestas
La crisis de la Covid-19 está dejando una profunda huella que incide en los lastres de la Gran Recesión de 2008-2013 que no fueron plenamente resueltos en el siguiente periodo de recuperación. Frente a esta situación, el informe Foessa y Caritas Española consideran necesario perfeccionar el sistema de protección social a futuro con las siguientes propuestas:
1. Mantener de manera estable para el futuro las medidas provisionales tomadas en el caso de la salud, la vivienda o la protección social con las necesarias adaptaciones a periodos de estabilidad económica. El reto del sistema de protección social es evitar que estas nuevas situaciones de vulnerabilidad e intensificación de la exclusión severa se transformen en crónicas.
2. Mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, ya que supone un notable avance social para corregir el desequilibrio entre la protección social de la población laboral estable y aquella que es precaria o en situación de exclusión social. De los 850.000 hogares beneficiarios previstos inicialmente, a septiembre de 2021, sólo 315.913 hogares, el 37% de los previstos inicialmente. Una media de 2 personas beneficiarias por cada 10 personas en situación de pobreza severa en España.
3. Reimpulsar el modelo de estado de bienestar en su conjunto, con una orientación clara hacia el acceso a los derechos como canal para la inclusión social y el “rescate” de los sectores más excluidos.
4. Implementar medidas que reduzcan la hiperflexibilidad, mejorando la organización social del tiempo de trabajo también en los empleos de sectores excluidos, no cualificados, en empleos temporales y precarios – los sectores llamados “esenciales” de la limpieza, la hostelería y las labores agrícolas entre otros -, y que acaben con las situaciones de irregularidad.
5. Deberían complementarse, así mismo, los salarios escasos con otras medidas redistributivas, a modo de estímulos al empleo, bien a partir de prestaciones complementarias para los trabajadores de bajos salarios, bien como deducciones fiscales reembolsables.
6. Entre los retos pendientes, también está el de garantizar un sistema de salud público de calidad y el de un cambio de estrategia y paradigma en el ámbito de la atención a personas en situación de dependencia y con necesidad de cuidados.
7. Poner en marcha políticas frente a la exclusión residencial, ya que desde 2018 se ha duplicado el porcentaje de hogares que residen en viviendas insalubres (hasta el 7,2% en 2021) o en situación de hacinamiento (hasta el 4% en 2021). Además, la COVID-19 ha hecho empeorar o tensionar la mayoría de los indicadores de acceso y mantenimiento de la vivienda. Casi se duplica el número de hogares, pasando de 1,1 a más de 2 millones, que sufrieron retrasos, o no tuvieron dinero suficiente, para el pago de alguno de los gastos relacionados con la vivienda, como el pago del alquiler o la hipoteca.
8. Superar la brecha educativa provocada por el apagón digital. Las políticas públicas deberán poner los medios necesarios para que todas las personas puedan superar la brecha digital. Por término medio, en 2020 un 15% de los hogares con menores de 15 años indican que sus calificaciones son peores que en 2019. Un porcentaje que aumenta de forma considerable en los hogares más vulnerables: el 31% de hogares en los que viven niños, niñas y adolescentes (NNA) de minoría gitana y el 25% de hogares del cuartil más bajo de ingresos.
9. Avanzar hacia servicios sociales adaptados a las realidades sociales del siglo XXI. Ante los enormes retos globales que afrontan las políticas sociales como son, entre otros, el envejecimiento de la población, la lucha contra la exclusión social, la protección de menores vulnerables y la integración de la población inmigrante, precisamos de servicios sociales adaptados a las nuevas realidades sociales.
