Cáritas Diocesana de Granada, 6 de diciembre de 2020
Próximos a la campaña de Navidad, Cáritas Diocesana de Granada realiza balance de la actividad llevada a cabo en el último trimestre en sus servicios de acogida, atención primaria y programa de empleo.
Según Luisa María Maeso, Directora de Cáritas Diocesana de Granada, “estas cifras son muy inferiores a los datos reales, debemos de tener en cuenta que aún no contamos con el registro de actividad de las Cáritas Parroquiales”. “Podemos decir sin temor a equivocarnos que se ha producido un incremento notable en las demandas de ayudas tanto en la cobertura de necesidades básicas como en la orientación de gestiones con la administración, prestaciones sociales, demandas de empleo, seguridad social…”.
El impacto del COVID-19 ha provocado una notable pérdida de empleos, que han puesto en serias dificultades económicas a un gran número de hogares. Incluso aquellos que no formaban parte antes de esta crisis de ningún grupo de vulnerabilidad, y que se han visto abocados a solicitar ayudas, ante las pérdidas sobrevenidas.
Incrementan las demandas de ayuda en alimentación y pago de vivienda
Las ayudas en alimentación mantienen su aumento, en concordancia con las tendencias registrada en el último informe de actividad de Cáritas Diocesana de Granada ante el Covid-19 (marzo-mayo). Los programas de ayuda de las “tarjetas monedero” gestionados por los Servicios Sociales y por la Junta de Andalucía que proporcionaban alimentos a familias en riesgo de exclusión han llegado a su fin. Desde Servicios Sociales se demanda a Cáritas ayudas para alimentación por estar saturados en las atenciones y agotados los recursos (las tarjetas monedero).
También se incrementan las demandas de pago de alquileres y vivienda. Tal y como vaticinaba la entidad, el pasado mes de junio, en su presentación de la memoria de actividades, la finalización de moratorias del pago de vivienda y suministros, está llevando actualmente a las familias a hacer frente al desembolso de más del doble de gastos para saldar el pago de recibos atrasados.
A todas estas circunstancias se le añade además la escasez de recursos sociales. Maeso explica el incremento de atenciones en la pérdida o demora en la resolución de las ayudas sociales. “Nos encontramos familias con prestaciones solicitadas pero sin respuesta y por lo tanto sin ningún tipo de ingreso. La solicitud del Ingreso Mínimo Vital, implica la paralización directa de otras prestaciones. Esto unido a la lentitud en las resoluciones, el colapso administrativo en la atención e información ha provocado un incremento del número de familias que actualmente no perciben ninguna ayuda social y que viven en la incertidumbre de si las ayudas solicitadas se resolverán favorablemente y de ser así cuándo se harán efectivas. Las personas no saben dónde acudir a solicitar información. Los servicios sociales no disponen de atención presencial y la centralita del INSS, entidad que gestiona el Ingreso Mínimo Vital, ha estado colapsada sin poder informar ni gestionar demandas. Como ya adelantábamos hace unos meses, cada vez nos encontramos más cerca de una posible emergencia habitacional”.
Dificultad en la gestión de trámites online
“La brecha digital es otra de las dificultades añadidas al problema” añade. “La población que atendemos es en su mayoría analfabeta digital, requieren de apoyo para acceder a información y a cualquier tipo de gestión administrativa online: citas con el SAE, seguridad social, etc.”
Las demandas de información y asesoramiento engrosan las listas de espera del Programa de Empleo. El acceso al subsidio para trabajadores del hogar, el cálculo de finiquitos o la realización de cursos de formación certificada, son cuestiones reiteradas en las llamadas telefónicas de participantes. Desde el programa se está dedicando más tiempo a la mejora de competencias digitales para la gestión de trámites online con la administración.
La crisis aflora la situación de precariedad
A los servicios de Cáritas continúan acudiendo personas y familias que habían sido atendidas anteriormente y que ya padecían previamente los efectos de una situación estructural de falta de acceso a los derechos más básicos. Sin embargo también se detecta el incremento de nuevas familias que comienzan a percibir los efectos de esta nueva crisis en su hogar y de un perfil mucho más normalizado que el habitual.
Muchas son familias sin recursos económicos, cuyo sustentador principal disponía de un trabajo eventual o de economía sumergida y que a causa de la pandemia se ha quedado sin empleo, sin ayudas o un bien con una prestación por desempleo mínimo al cotizar con contratos de escasas horas, como es el caso de los trabajadores pobres.
Es preocupante la precaria situación por la que atraviesan mujeres que se ven obligadas a ejercer la prostitución y la de refugiados políticos, a quienes se les mantiene el permiso de residencia pero se les ha retirado todo tipo de ayuda. Quienes han demandado asilo y se les han denegado quedando en situación de irregularidad fuera del sistema de protección social y cuya única alternativa de ayuda es Cáritas.
